Autora: Érika Aydeé Hernández Jiménez.
RESUMEN
El presente artículo tiene como propósito la reflexión acerca de la importancia de reducir el presupuesto público que se asigna a los partidos políticos en México. Este planteamiento parte de la inadecuada asignación de recursos para todos los partidos con pocos resultados para la sociedad, así como de la falta de transparencia en el uso de los mismos. Se plantea de forma breve que el financiamiento escaso en otros países ha beneficiado el trabajo democrático de estas entidades políticas, opción por la que se podría optar en México.
PALABRAS CLAVE: México, partidos, políticos, financiamiento, público.
INTRODUCCIÓN
En este artículo, de carácter reflexivo principalmente, se planteará la importancia de la reducción presupuestal asignada a los partidos políticos mexicanos a partir de responder la pregunta que sirve como premisa de este trabajo y que da nombre al mismo: ¿Por qué los partidos políticos en México deben tener menos financiamiento público? Para esto se plantearán ejemplos acerca del financiamiento en otros países y los potenciales resultados que esto acarrea, mientras se contrasta con el caso mexicano por su escasa efectividad. Y finalmente se planteará una propuesta alternativa para la asignación de recursos en México.
Actualmente “(…) los mecanismos de financiamiento público directo cumplen una función de nivelación de las oportunidades políticas, bajo el supuesto de que un financiamiento predominantemente privado introduciría situaciones de desigualdad entre los contendientes” (Joignant, 2013). Esta es la razón principal por la que las leyes electorales mexicanas asignan recursos del erario para los gastos de campaña y de mantenimiento de cada partido político existente en México.
Sin embargo,
Actualmente los partidos políticos en todo el mundo centran sus estrategias político-electorales en los consejos de múltiples y costosos asesores de mercadotecnia política. Difícilmente un partido o un candidato escapan a esta tendencia mundial y al uso de diferentes herramientas de mercadotecnia para apoyar sus campañas. Como consecuencia de este hecho, la mercadotecnia política utiliza una gran cantidad de instrumentos y técnicas para desempeñar su labor; dichas herramientas teóricas o prácticas implican un enorme gasto que los partidos y candidatos deben cubrir: los gastos de campaña (Gil-García y Almazán, 2015).
Como resultado de esta tendencia, evidenciada durante un par de décadas en México, el dinero restante a las grandes cifras asignadas por el Instituto Nacional Electoral (INE) mexicano, no es suficiente para incentivar tanto la adherencia partidaria como el compromiso partidario de integrantes y seguidores de una plataforma o para propiciar un nutrido y propio debate del estado de la política nacional.
No perdamos de vista que “Los gastos electorales pueden ayudar a mejorar o fortalecer diferentes aspectos que de alguna forma favorezcan al candidato en cuestión” (Gil-García y Almazán, 2015). Pero sólo si son usados de manera eficiente y no sólo por “tener que gastarlos”. Pues atendamos a que “(…) la incidencia de los gastos de campaña —o al menos de los gastos que los partidos informan de manera formal—, en los resultados de las elecciones, es relativamente débil” (Gil-García y Almazán, 2015).
Desde la óptica de Payne (1991), surgen también dos hipótesis sobre la influencia de los gastos de campaña en el proceso electoral: a) La hipótesis de consecuencias electorales: incorpora la idea de que los representantes que gastan más obtienen beneficios electorales por ello. b) Hipótesis de la inseguridad del legislador: la competición electoral y el “miedo al fracaso fuerzan a los representantes a aprobar más gasto del que, incluso ellos mismos, creen necesario (Gil-García y Almazán, 2015).
Si consideramos ciertas las dos hipótesis de Payne (1991), podemos observar en el caso mexicano que ambas situaciones dibujan la realidad política nacional. Tanto los candidatos gastan fuertes cantidades de recursos para obtener beneficios durante el momento electoral frente a una urna. Y, los legisladores e instituciones que regulan los presupuestos a asignar a los partidos aprueban recursos excesivos sin una lógica suficiente frente a los constantes y crecientes fracasos políticos a nivel nacional o local. Estas hipótesis deben poner en alerta a los integrantes de la vida política mexicana ya que:
La utilización de financiamiento público no es o no debería ser únicamente una forma de equidad entre las diferentes fuerzas políticas, sino también una inversión social que tenga como resultado una mayor participación ciudadana en los comicios. La reducción del abstencionismo tiene el potencial de lograr elecciones con niveles altos de legitimidad, los cuales son muy importantes para países que, como México, están renovando o fortaleciendo sus instituciones democráticas (Gil-García y Almazán, 2015).
La inversión social, la mayor participación ciudadana, el incremento de la legitimidad, por el momento frágiles en México, deben ser señal más que suficiente para repensar las condiciones de este financiamiento político vía el erario.
En México “(…) existe una influencia relativamente baja entre los gastos de campaña y la votación total emitida. Por lo tanto, no se puede considerar que las grandes inversiones de fondos públicos en las campañas electorales ayuden de una forma significativa a combatir el abstencionismo y a aumentar los porcentajes de participación ciudadana” (Gil-García y Almazán, 2015). Y esta señal de alerta es más que suficiente para visualizar nuevas posibilidades en el gasto público nacional.
DESARROLLO
Uso de recursos públicos en partidos políticos en México
“El financiamiento político, sea éste permanente o electoral, se inscribe en la problemática general de la “calidad de la democracia”, que rara vez es abordado directamente por la literatura especializada” (Joignant, 2013). Y esta calidad democrática implica la denominada equidad dentro de una contienda política-electoral, donde los diversos partidos políticos tengan la misma posibilidad de beneficiarse con las preferencias electorales de los ciudadanos en edad para emitir un voto.
Con respecto a la equidad en una contienda electoral, es cada vez más evidente que la conformación de nuevos partidos políticos con preferencias y creencias alternativas a las históricamente afianzadas se encuentra en creciente consolidación. Por lo mismo, en México, durante los últimos años se han creado, algunos desaparecido y otros fortalecido, nuevos partidos políticos que acompañan a los partidos más antiguos en México.
Sin embargo, es importante tomar en consideración que esta ampliación de la competencia, además de encarecer el costo total de las campañas y reforzar la personalización de la política en desmedro de los partidos, permite difundir la propaganda política antes del periodo legal, lo que puede introducir distorsiones cuando las elecciones primarias son voluntarias, o cuando este mecanismo de constitución de la oferta de candidaturas no es practicado por todos los agentes (Joignant, 2013).
Riesgos como los que señala Joignant (2013), el encarecimiento de las campañas o la difusión de campañas políticas de forma desigual por los partidos son parte de los procesos políticos actuales en México, a pesar de las recientes reformas electorales que han transformado al Instituto Federal Electoral (IFE) en el Instituto Nacional Electoral (INE) y sus nuevas atribuciones en busca de una vida democrática mexicana más real.
Con la creación del INE comienza, sin duda, una nueva era electoral para el país. Una nueva etapa plagada de incertidumbres, dudas, como resultado de una legislación secundaria que dejó insatisfechos a propios y extraños, por ciertos vacíos e imprecisiones, además de que instituye un sistema electoral híbrido (ni centralizado ni federalizado, se encuentra a mitad de camino). Los desafíos que tiene por delante el recién creado organismo son enormes, también hay que decirlo, eran innecesarios (Torres Ruiz, 2014).
Dado que el planteamiento central de este artículo es el financiamiento, es importante hacer mención a lo que se expresa en la Ley y lo que ocurre en la realidad con el uso de esos recursos asignados a los partidos políticos mexicanos. El artículo 50 de la Ley General de Partidos Políticos (LGPP) establece que todos los partidos, de manera equitativa, tienen derecho a recibir financiamiento público para el desarrollo de sus actividades. El financiamiento público deberá ser mayor al de cualesquiera otro tipo de financiamiento, que deberá destinarse a los gastos de los procesos electorales, a las actividades ordinarias permanentes y hacia actividades de interés público (LGPP, 2014).
Torres Ruiz (2014) señala que actualmente cada partido político podrá contar con mayor financiamiento privado, ahora en 226% adicional, lo que incrementa los 33 millones 611 mil pesos hasta 109 millones 826 mil 929.89 pesos. “76 millones 215 mil 721.89 pesos provendrán de sus militantes y 33 millones 611 mil 208 pesos de sus candidatos y simpatizantes”. Recursos, al parecer, poco útiles si se consideran los resultados generales y los altos niveles de abstencionismo y elevados índices de incredulidad en las instituciones políticas mexicanas.
a. Los recursos que reciban los partidos serán administrados por el INE y se calcularán con base en los votos recibidos por cada organización política en la última elección. En el caso del financiamiento privado la nueva legislación (artículo 56 de la LGPP) contempla tres modalidades:
b. Las aportaciones o cuotas individuales y obligatorias, ordinarias y extraordinarias, en dinero o en especie, que realicen los militantes de los partidos políticos;
c. Las aportaciones voluntarias y personales, en dinero o en especie, que los precandidatos y candidatos aporten exclusivamente para sus precampañas y campañas, y las aportaciones voluntarias y personales que realicen los simpatizantes durante los procesos electorales… las aportaciones o donativos, en dinero o en especie, hechas a los partidos políticos en forma libre y voluntaria por las personas físicas mexicanas con residencia en el país. Habrá límites anuales para el financiamiento privado (Torres Ruiz, 2014).
Por lo tanto, “(…) cada partido estará impedido para recibir aportaciones o cuotas de sus militantes por un monto superior al 2 por ciento del financiamiento público otorgado a todos los partidos y que el INE reparte entre las distintas fuerzas políticas” (Torres Ruiz, 2014). Durante 2014, este financiamiento público llegó a 76 millones de pesos, que no sólo resulta un gasto enorme sino infructuoso si se analiza el estado de la política nacional.
Con respecto de donaciones de simpatizantes de partidos, el máximo a recibir será de hasta el 10% del tope fijado a los gastos de campaña de la elección presidencial de los comicios anteriores (en este caso, hasta 33 millones de pesos). Estas aportaciones tendrán un máximo anual de 0.5% del gasto electoral de las elecciones anteriores (1.6 millones de pesos). Con estas cifras es evidente que la actual reforma electoral sigue manteniendo la prevalencia del financiamiento público sobre el privado (Torres Ruiz, 2014).
A pesar de este vasto presupuesto, el Consejo General del INE, en su sesión del 20 de junio de 2014, acordó una solicitud a la Secretaría de Hacienda para ampliar hasta por 230 millones 648 mil 349 pesos su techo presupuestal argumentando la necesidad del adecuado cumplimiento de las nuevas obligaciones del organismo y dado que en 2013 el Congreso mexicano aprobó un presupuesto de 7 mil 789 millones 858 mil 844 pesos para los procesos electorales del año 2014, con esta solicitud aprobada, el nuevo incremento sumaría 8 mil 20 millones 507 mil 193 pesos (Torres Ruiz, 2014).
Como es evidente por estas cifras, el financiamiento público a los partidos políticos es considerablemente oneroso si observamos los resultados electorales, la participación ciudadana cada vez más escasa y la falta de equidad general en las contiendas electorales. Parece ser que el incremento presupuestal no es la solución a los problemas actuales de la política mexicana.
Mientras los técnicos políticos ven con agrado la apatía, quienes abogan por la democracia ven la baja participación electoral como una señal de alarma. La apatía está relacionada con el hecho de que muchos ciudadanos perciben la política como algo adaptado a las necesidades del poder. Existe un malestar creciente entre los ciudadanos por el rumbo de la política y no hay confiabilidad en lo electoral. La democracia no se ha enraizado y elementos clave de la misma han sido vulnerados. Varios de sus funcionamientos se han pervertido con fines antidemocráticos. Las elecciones deberían ser la condición del poder democrático, pero el pueblo no tiene control sobre el proceso mismo (Alonso, 2010).
Aunado a lo que afirma Alonso (2010), 82% de los mexicanos considera que los partidos políticos son corruptos, 79% piensa lo mismo de los funcionarios públicos y 76% opina que el Congreso también es una institución corrupta (Quintana, 2015). La credibilidad en las instituciones públicas, como resulta evidente, es escasa y poco aceptable si se consideran los altos costos al erario para la ciudadanía, necesarios para mantener estas instituciones.
Por otra parte se encuentra el acceso a los registros que transparenten los gastos de los partidos políticos. “La comparación entre la calidad de acceso y la calidad de los informes arroja una importante lección: la escasa congruencia entre las calidades de acceso y contenido de los informes (…)” (Joignant, 2013). Con datos velados, partidas poco claras o acceso restringido a informes que deberían ser de acceso libre a los ciudadanos que aportan para que esos mismos gastos se realicen.
Por lo visto, las “(…) políticas distributivas pueden producir mayores oportunidades, sin incidir positivamente en otros aspectos deseables del funcionamiento político democrático, como por ejemplo la confianza y las percepciones de eficacia” (Joignant, 2013). Lo cual hace más evidente la necesidad de una propuesta de reducción del gasto público hacia los partidos políticos y es el motor generador de una propuesta de manejo de gastos más razonables para los ciudadanos mexicanos a favor de un futuro más democrático de la vida política, pues “(…) no existe la seguridad de que los partidos gastaron sus recursos de la forma indicada por el Instituto Federal Electoral” (Gil-García y Almazán, 2015).
De acuerdo con Quintana (2015) los actuales mecanismos de rendición de cuentas y anticorrupción legislados tanto en las leyes de transparencia como en las electorales, no son suficientes y están lejos de tener los parámetros que los especialistas en la materia recomiendan; el resultado es una conducta nociva, pocos incentivos que promuevan la legalidad y el virtuosismo político y democrático al interior de las entidades políticas nacionales.
Ello seguirá siendo así en tanto que los mecanismos de rendición de cuentas y anticorrupción de los partidos políticos estén sujetos a la negociación de las fuerzas políticas, quienes las aprueban, reforman y derogan en el Poder Legislativo respectivo; es decir, (…) El problema se incrementa porque no hay escrutinio público del proceso de negociación ni de los resultados de ésta. También es posible que el castigo a la trasgresión de los ordenamientos en materia de financiamiento ilegal sea débil (Quintana, 2015).
De acuerdo con el consejero electoral distrital por el 25 Distrito en el DF., Francisco González, “Si se vinculara al partido político con el funcionario y se le redujera dinero de las prerrogativas económicas que reciben del erario público a través del INE para sus gastos de operación cotidiana y sus gastos de campaña, los mismos partidos se preocuparían por no permitir actos de corrupción, y serían extremadamente cuidadosos en la elección de sus cuadros”.
Todo lo anterior orienta a considerar que las legislaciones actuales representan intereses de clase, económicos y políticos, que a pesar de ser legislaciones “legales” no son las que un país como México requiere para fortalecer su vida interna, sin olvidar el predominio de la exclusión, por ejemplo hacia las candidaturas independientes y el factor del empoderamiento prevaleciente en los partidos políticos consolidados (Celorio Suárez, 2015). El gasto político es excesivo, el gasto privado electoral es reducido y no está correctamente legislado, el resultado: una vida democrática onerosa y poco gratificante para la mayoría de los mexicanos.
Uso de recursos públicos en partidos en otros países
El financiamiento público destinado a los partidos políticos no es el único esquema existente. Como se planteó en el apartado anterior, en México existe la posibilidad de financiamiento privado que no rebase en 10% del total de los gastos de campaña de los partidos. Esto parece razonable a simple vista, pero deja una carga al erario de entre el 90% y más de los gastos de las entidades políticas mexicanas. Sin contar con el hecho de la poca transparencia y la cada vez menor participación y confianza ciudadana en los partidos que financian.
Por lo tanto es importante atender que existen otro tipo de propuestas presupuestales hacia los partidos políticos que pueden servir de ejemplo para ajustar lo que ocurre en México en la actualidad. De acuerdo con Luna y Somma (2014), existen tres situaciones o tipos de financiamiento de los organismos políticos.
En primer lugar, un grupo muy heterogéneo de países fuera de Europa (como Haití, El Salvador, Nicaragua, Estados Unidos, Canadá o Chile) no poseen financiamiento ni basal ni condicionado a organizaciones políticas –aunque sí proporcionan financiamiento para campañas–. En segundo lugar, algunos países europeos y varios latinoamericanos (como Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador y México) solo proporcionan financiamiento condicionado. Finalmente, algunos países –también muy diversos entre sí– ofrecen tanto financiamiento basal como condicionado y, por tanto, están en la dirección de esta propuesta (se trata de Paraguay, República Dominicana, Suecia, Dinamarca, Israel y Eslovaquia, entre otros) (Luna y Somma, 2014).
De acuerdo con Luna y Somma (2014) y según un informe de IDEA-Internacional (2014), Chile actualmente tiene un sistema electoral de financiamiento inigualable en el mundo. Este sistema permite realizar donaciones a personas jurídicas en cantidades muy grandes y de tipo reservado. Aunque este sistema ha sido fuertemente cuestionado por especialistas debido a su opacidad.
En el caso chileno, según afirman Luna y Somma (2014) y que es similar al caso mexicano, “(…) Los partidos sin financiamiento estatal son últimamente financiados por grupos de interés que desvirtúan el principio de igualdad política y, usualmente, terminan siendo capturados por intereses particularistas o por liderazgos individuales con acceso privilegiado a financiamiento privado” (Luna y Somma, 2014). Por lo tanto, tanto en México como en Chile, será importante ajustar el tipo de financiamiento actualmente público para no debilitar los procesos democráticos por los que ese financiamiento pugna de principio. Para el caso chileno afirma Agostini que:
Las reformas respecto al financiamiento electoral implementadas en Chile a partir de 2003, han permitido que por primera vez exista algún grado de información respecto a las donaciones privadas a campañas políticas y al gasto de los candidatos y partidos. Si bien no sabemos qué magnitud del financiamiento de campañas se sigue realizando por vías informales, al menos es posible analizar el comportamiento del financiamiento formal a la política (Agostini, 2012).
Por otra parte, ya en un marco más amplio a nivel latinoamericano y de acuerdo con el resultado del estudio a 18 países de la región realizado por Joignant (2013), existe en la actualidad una tendencia a priorizar los componentes públicos en las regulaciones legales, con modelos más sólidos y coherentes que permiten una mayor transparencia del destino de las finanzas públicas en el terreno político. Los resultados de este trabajo de Joignant (2013) se reflejan en el siguiente cuadro.
Cuadro 1. Prohibiciones y límites a las contribuciones privadas en América Latina, por origen y monto.
Y con respecto de la injerencia de los órganos electorales, partidarios o legales en los procesos electorales o la elección de candidatos, Freidenberg (2007) plantea lo siguiente:
En Argentina, Honduras, Panamá, República Dominicana y Uruguay la ley establece claramente que los partidos deberán realizar las internas de manera simultánea, mientras que en Bolivia, Colombia, Costa Rica, Perú y Venezuela no existe esta exigencia y los partidos pueden llevarlas a cabo en un período anterior de la elección general. (…) En cuanto a la financiación, sólo en Colombia, Panamá y Perú se establece que el órgano electoral otorgue dinero para la realización de las internas (…) [y] que la autoridad electoral intervenga en los procedimientos de selección de candidatos en Honduras, Colombia y Uruguay (…) en otros casos, los órganos sólo pueden supervisar o dar fe de lo que haga el partido como en Chile (…); en Argentina, donde la justicia federal nombra veedores de actos electorales cuando sea requerida por los militantes de los partidos interesados; en Nicaragua, donde el Tribunal Electoral arbitra los conflictos internos por solicitud de las partes; en Panamá, donde el Tribunal Electoral envía delegados para mediar en caso de que los partidos lo soliciten pero no tiene jurisdicción sobre los procesos internos; en Costa Rica, donde el organismo electoral actúa si ocurren conflictos entre los militantes (Freidenberg, 2007).
Por lo que se puede apreciar, en América Latina aún son pocos los países que permiten la incorporación abierta y extensa de financiamiento privado. La alerta es obvia, sin los mecanismos de opacidad y rendición de cuentas del financiamiento privado, se corre el riesgo de que tanto la democracia como la legalidad pierdan su papel central en los procesos electorales de la región. De todo esto surge la propuesta siguiente para el caso mexicano y que podría emularse, con sus ajustes legales pertinentes, a otros países centro y sudamericanos.
Propuesta de reducción
Después de evidenciar el importante gasto público en México hacia los partidos políticos y sus actividades en pro de la democracia y la equidad parlamentaria, resulta cierto afirmar que una mejor fiscalización, castigo y legislación de los gastos de estos partidos será fundamental bajo cualquier esquema de gastos políticos.
Aquí se propone una reforma que aligere la erogación del erario para financiar a partidos que no han demostrado un compromiso democrático sólido ni permanente hacia la sociedad que los financia. Así, “(…) la implementación de sistemas regulatorios se fundamenta en el supuesto de que el financiamiento privado puede decisivamente sesgar la competencia política, particularmente la electoral, fomentando situaciones de desigualdad entre los contendientes, con consecuencias colectivas oligárquicas, o simplemente negativas” (Joignant, 2013).
A pesar de lo que afirma Joignant, el riesgo democrático por el incremento de la participación financiera privada no será tan evidente con la actual legislación y escaso castigo a las faltas legales por parte de los partidos participantes en los comicios. Porque como afirman Casas y Zovato:
Si bien el financiamiento político no determina la volatilidad, el formato o la polarización del sistema de partidos, su regulación sí es capaz de crear incentivos que marginalmente afectan su comportamiento. De manera más directa, las reglas de financiamiento -y en particular el método de desembolso escogido para los subsidios estatales, donde estos existen- pueden incidir decisivamente en la institucionalización de los partidos y en su consolidación como agrupaciones con vida permanente (Casas y Zovato, 2009).
Por lo tanto en este artículo se propone un esquema como el que retratan Luna y Somma en la siguiente cita:
(…) introducir un mecanismo de financiamiento mixto a los partidos políticos, incorporando tanto un componente de financiamiento basal –piso universal–, como uno de financiamiento condicionado al rendimiento electoral (…) condicionado a la realización, por parte del partido, de una serie de actividades que contribuyan a aumentar: los niveles de democracia interna y de transparencia (…) de la organización; la cristalización programática del partido (…), su relación con los votantes; la calidad del trabajo legislativo y de gestión a nivel municipal y local que los representantes del partido realizan; y la presencia permanente del partido en el territorio. Adicionalmente, se podrían incorporar condiciones que estimulen una mayor participación en la política partidaria de minorías específicas, tales como las mujeres, los jóvenes, o los pueblos indígenas (Luna y Somma, 2014).
Un esquema de este tipo, realmente legislado, arbitrado, observado, castigado severamente, puede consolidar lo que la legislación electoral mexicana pretendía, pero que sigue sin surtir efecto debido a que los partidos políticos se niegan a seguir las reglas del juego electoral y el árbitro se niega a imponer castigos ejemplares ante tales infracciones por parte de los participantes en los procesos políticos. Cuando los mecanismos de castigo a las organizaciones que incumplan las leyes deberían incluir en la realidad “(…) la pérdida del financiamiento, o el desregistro o disolución del partido, hasta la prisión para los líderes de las mismas, pasando por sanciones económicas, multas y la devolución del dinero, o la imposibilidad de que los líderes partidarios correspondientes continúen en sus cargos” (Luna y Somma, 2014).
La moneda está lanzada y está en manos de los legisladores imponer las reglas y hacerlas cumplir. Un financiamiento privado es riesgoso, pero en un país con leyes que no se siguen sería menos costoso para la sociedad aligerar la carga pública para financiar a jugadores políticos no dispuestos a seguir las reglas que ellos mismos dicen aceptar. Otra posibilidad, siempre, será considerar las candidaturas ciudadanas para equilibrar un poco la balanza política.
Si bien restringir la posibilidad de candidatos independientes es una forma de violar los derechos políticos de los ciudadanos y acotarlos a ofertas partidistas insatisfactorias para ellos –sea en términos operativos o ideológicos–, promover las candidaturas independientes fortalece la vida democrática, pues operan como contrapeso de los partidos políticos y amplía la oferta electoral. (…) Un requisito fundamental para ser candidato independiente es tener o pertenecer a una asociación civil; sin embargo, una asociación civil no se puede instituir con fines de lucro, y las candidaturas independientes –por definición– persiguen un lucro. Las candidaturas independientes son un derecho político (…) (Celorio Suárez, 2015).
CONCLUSIONES
México es un país con un gasto de parte del erario muy alto para el mantenimiento y realización de los actos electorales y políticos de todas las entidades que integran la política nacional. Sin embargo, los resultados de estos procesos “democráticos” distan mucho de serlo conforme al gasto que representan.
La Reforma Electoral se encuentra inserta dentro de una profunda crisis de confianza y credibilidad en los partidos políticos y en el gobierno; aunada a esto se encuentra también una profunda crisis de representación política, tanto en términos de que los partidos políticos representan más los intereses de élite que los intereses de la población (…). La crisis de confianza y la subrepresentación política son dos aspectos que inciden en el abstencionismo; es decir, el INE no se puede contentar con tener todo listo para la jornada electoral. La precisión con la que organiza elecciones es milimétrica y los volúmenes de bases de datos para la credencialización, el padrón electoral y el listado nominal, con la información que opera, son enormes y por demás eficientes. Sin embargo, el abstencionismo es descomunal (…) (Celorio Suárez, 2015).
De lo anterior la importancia de conformar una nueva estructura presupuestal de la política en México, ampliamente regulada, legislada, arbitrada y castigada impecablemente en caso de no cumplirse, pues al tener financiamiento privado en una medida mayor, la observación del destino de estos recursos requiere ser aún más impecable que la de las finanzas públicas. El riesgo es que de momento ni el financiamiento del erario es correctamente destinado, arbitrado y castigado. Por lo tanto, una reforma como la propuesta en este artículo parece aún adolescente con el nivel infantil que muestra la política mexicana actual.
El uso del dinero siempre será inequitativo por las diferencias entre las condiciones y características de todos los partidos políticos, sin embargo, una combinación entre financiamiento público y privado podría balancear los problemas que presenta cualquier esquema actual, fomentando así una equidad y nivel democrático mayor. Sólo si la trasparencia, opacidad, observación, arbitraje y castigo impecable son aplicados a todos los participantes por igual y sin temor por parte del árbitro electoral.
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