Autor: Carlos Sánchez Lárraga.
RESUMEN
El presente artículo aborda la figura de la Supervisión Escolar desde su aparición en el México virreinal hasta su transformación de la mano de las reformas educativas en el Sistema Educativo Mexicano, debido a su papel fundamental en el mantenimiento de las instituciones educativas y los procesos de gestión escolar.
PALABRAS CLAVE: Educación, México, reforma, supervisión.
INTRODUCCIÓN
La Educación en México como país independiente ha transitado caminos muy inciertos, prácticamente “desde la nada” (Staples, 1985), y es de resaltarse que son pocos los estudios que dan cuenta de la creación de la Supervisión Escolar. En realidad, no ha habido un estudio que defina con claridad el camino que ha seguido esta institución.
Ciertamente son pocos autores los que retoman a la Supervisión Escolar, pero no haciendo un seguimiento de ella, sino como parte del Sistema Educativo y sobre las funciones que deberá seguir, sobre todo en lo concerniente a la Gestión Escolar y con mayor énfasis a partir de la Reforma Educativa de 1992. Hacia atrás poco es lo que hay.
Aun con lo anterior, se ha querido en este artículo hacer un seguimiento de la Supervisión Escolar, cuándo fue creada, sus antecedentes y el papel que ha tenido en las múltiples reformas educativas que han ocurrido en México.
DESARROLLO
La Supervisión Escolar es la parte administrativa que está en contacto más directo con los centros escolares (Arnaut y Giorguli, 2010). Su figura principal es el Supervisor(a) que tiene a su cargo un número determinado de escuelas, tanto en la zona rural como en la urbana. Ciertamente, hay excepciones, dado que hay supervisiones que sólo cuentan con escuelas urbanas y esto sólo sucede en las ciudades grandes.
El Supervisor Escolar se encarga de administrar las informaciones que llegan o se sustraen de los centros escolares a través de la “papelería” y llevarla a las jefaturas de sector, que es el centro de enlace de todas las supervisiones que lo conforman.
A raíz de la descentralización de la educación en 1992 hacia los estados a través del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB), la supervisión escolar poco o nada fue tocada en sus funciones (Arnaut y Giorguli, 2010), al contrario, éstas aumentaron. Con este acuerdo, a los estados se transfirieron las escuelas y todo el personal docente y administrativo que hasta ese momento estuvieron bajo la tutela directa del gobierno federal.
Poco tiempo después, en 1993, se promulgó una nueva Ley General de Educación (LGE) que, entre otras cosas, redefinió las atribuciones educativas de cada uno de los órdenes de gobierno. El nuevo marco jurídico reservó, como atribución exclusiva del gobierno federal, principalmente las tareas de planeación, regulación, evaluación, determinación de contenidos educativos y todas aquellas que sean necesarias para garantizar la unidad del sistema educativo nacional. A su vez, reservó como atribución exclusiva de los estados la operación de los servicios de educación básica y formación de maestros para este nivel educativo (Arnaut y Giorguli, 2010).
Con todos estos cambios, los estados tuvieron que ajustarse a las nuevas realidades y crearon instituciones que regularan la gran carga que ahora les había sido relegada. De esta manera, la supervisión escolar quedó cercada bajo dos frentes: uno que tiene que ver con la regulación de todos los quehaceres administrativos del personal docente que conforma todas sus escuelas, en cuanto a la dirección de las escuelas; y por otro lado, regular la formación que requieren los maestros que están bajo la jurisdicción y a quienes se les imparten cursos de superación pedagógica, además de visitar continuamente las escuelas en una especie de fiscalización.
El trabajo de la Supervisión Escolar por ahora es muy vasto, pero ya en la época del Virreinato existían indicios de que sus escuelas también eran reguladas en sus funcionamientos.
En esta época virreinal se vislumbra una total desorganización en cuanto a la educación. Como se sabe, la Nueva España era la joya más valiosa de la corona. Los habitantes pensantes de ésta: virreyes, misioneros, políticos, creían que era necesario ilustrar a la población y sobre todo castellanizar.
De esta manera comienzan a fundarse las llamadas escuelas pías, que laboraban desde los patios de los conventos, desde las iglesias e inclusive desde los monasterios. Su enseñanza se destinaba a las primeras letras (leer y escribir) y al catecismo. Los maestros eran los párrocos, los misioneros o cualquier otro allegado que poseyera la habilidad de ejercer la instrucción. No había supervisiones, cada claustro practicaba la enseñanza conforme a su saber.
En 1782, el ayuntamiento de la Ciudad de México comenzó a preocuparse, ya que la instrucción mayoritariamente se ejercía en los conventos y en las iglesias, y no en las escuelas de los gremios magisteriales que ya funcionaban. Estos gremios eran regulados por los ayuntamientos.
En 1787, debido a que el gremio de maestros de primeras letras había aumentado considerablemente, se presenta el antecedente más directo de la Supervisión Escolar. En este año, el ayuntamiento de la Ciudad de México puso al gremio de maestros en constante aumento bajo la tutela municipal bajo el argumento legal de que “todo ayuntamiento, tiene expedita su jurisdicción para contener cada uno de los límites de sus deberes y con particularidad en los que forman gremios” (Zoraida, 1985), de esta manera, el ayuntamiento capitalino sobrepone el gremio al mando municipal. Otros ayuntamientos del virreinato hacen lo mismo.
Ya como país independiente, la educación pasa por muchas turbulencias, la falta de dinero, las inestabilidades políticas y transitar sin un rumbo definido, hicieron que la enseñanza fuera tierra de nadie (Arnaut, 1989).
En 1824 se proclama la primera Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y queda decretada en ella que los estados poseen amplia potestad para conformar establecimientos educativos, pero no se menciona nada sobre la fiscalización y las visitas a las escuelas, que aunque escasas, era necesario llevar un seguimiento de ellas.
En 1833, Valentín Gómez Farias siendo Presidente de la Nación, fundó la Dirección General de Instrucción Pública, cuya función incluía el nombramiento de profesores, la reglamentación de la instrucción, además de la elección de libros de texto, pero poco o nada se dice sobre las formas como se atenderá a los maestros que laboran en las escuelas, es decir, cómo se estará al pendiente de las necesidades de los profesores.
Lo que es digno de resaltarse, es que los hombres pensantes de esa época, sin importar sus inclinaciones políticas, reconocían la imperiosa necesidad de extender la enseñanza de primeras letras hasta los confines de la patria. Para ese efecto, en 1842 se expide el decreto 2451 donde se establece la Dirección General de Instrucción Primaria, que se confía a la Compañía Lancasteriana (Zoraida, 1985).
Esta compañía estableció corresponsales en las capitales de provincia con el encargo de fundar escuelas y vigilarlas, es decir, una especie de supervisión del funcionamiento de éstas.
En octubre de 1842, Mariano Riva Palacio dijo que la encomienda otorgada a la Compañía Lancasteriana no dio los frutos esperados y que recomendaba a los gobernadores de los estados que asumieran la vigilancia de las escuelas, dado que éstas estaban en el más completo olvido, es decir, que el estado asumiera una especie de inspección de todas las instituciones educativas en sus territorios.
En el año de 1857 se proclama una nueva Constitución que no se asume en su totalidad porque de nueva cuenta otra guerra se avecina, la Guerra de Reforma entre liberales y conservadores. No bastaba que algunos años antes, el país se hubiese dividido en la región de Texas al otorgar más de la mitad de su territorio a los estadounidenses, por lo que los políticos simplemente no podían ponerse de acuerdo. Era más importante tener el poder que preocuparse por el bienestar nacional.
Al ganar la guerra los liberales, el presidente Juárez crea la Secretaría de Justicia e Instrucción Pública y se expide la Ley de Instrucción Pública, en ella se acuerda que la Inspección Federal se encargaría de abrir escuelas y solventar con fondos el sostenimiento de éstas.
En 1864, Juárez abandona la Ciudad de México y comienza su peregrinar por todo el país y más allá de sus fronteras, el motivo: el establecimiento del segundo imperio impuesto por los conservadores y la iglesia con Maximiliano de Habsburgo a la cabeza.
A casi un mes de haberse establecido en la Ciudad de México, Maximiliano ordenó que todas las autoridades políticas y municipales tenían la obligación de cuidar que los padres mandasen a sus hijos a la escuela, mientras los maestros debían notificar a las autoridades las faltas de los alumnos. No existía la figura de la Supervisión Escolar como un cuerpo legal integrado bajo el amparo de la ley.
Otra ordenanza de Maximiliano consistió en que todos los prefectos y los alcaldes visitaran continuamente las escuelas para que observaran la regularidad con la que asistían los alumnos y el trato de los maestros hacia ellos.
Con Maximiliano a la cabeza de la nación, aparece la figura de Prefecto, quien visitaba las escuelas, es decir, el que hacía las tareas del supervisor. En 1865 Maximiliano decretó una nueva Ley de Instrucción Pública. Con base en esta Ley, todas las escuelas primarias del país quedaban bajo la inmediata vigilancia de los ayuntamientos
Con Juárez instalado en la Presidencia, en 1867 se publica la Ley Orgánica de Instrucción Pública. La ley estableció una Junta Directiva de Instrucción Primaria que entre sus miembros tendría a los directores de las escuelas primarias y serían los que se encargarían de hacerlas funcionar.
Cuando Porfirio Díaz toma la Presidencia, la situación era desastrosa: aulas mal equipadas, sucias, malolientes, no aptas para impartir clases en ellas y maestros con más de 150 alumnos en un solo salón. Al respecto, el Secretario de Educación Pérez Tagle trató de reformar el artículo 3º en tres ocasiones y no lo logró.
Fue hasta el colofón de su gobierno y tras varios Secretarios de Instrucción Pública, que en el año 1905 se crea una nueva Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, a ésta se tenían que sujetar todas las escuelas primarias del país.
Posterior a este proceso de centralismo radical de Díaz, donde hubo notables avances sobre todo en lo que concierne a los Congresos Pedagógicos llevados a cabo por Justo Sierra en los cuales se expusieron infinidad de temas de interés para la nación y que se llevaron a cabo, llegaron los gobiernos revolucionarios.
Con la llegada de éstos, se suprime la Secretaría de Instrucción Pública y se delega de nueva cuenta la observación de las escuelas y de los maestros a los ayuntamientos.
En esta época de caos revolucionario, la desorganización es mayúscula y fue hasta el periodo de gobierno de Álvaro Obregón que de nueva cuenta se tiene rumbo educativo. Éste se da con el nombramiento de José Vasconcelos como Rector de la Universidad de México, ya que desde este puesto Vasconcelos despacha como Secretario de Estado y allana el camino para la creación de una nueva Secretaría: la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Al crearse en 1921 la nueva Secretaría, se dispone en uno de sus párrafos que se instalen Consejos Locales que deberán cuidar y vigilar lo que acontece en cada uno de los planteles educativos de toda la República, así se garantizaría que los maestros sean escuchados en sus quejas o necesidades y que los alumnos cumplan con su asistencia a las aulas.
Los Consejos tenían un carácter esencialmente de cuerpos consultivos y de supervisión (Arnaut, 1998). Al lograrse la centralización administrativa y pedagógica con la creación de la SEP y a medida que avanzaba el funcionamiento de ésta, se fue ensanchando en sus funciones, en el personal que administraba, por lo que hubo necesidad de reformarla. Uno de esos cambios tuvo que ver con la creación del Departamento de Escuelas Rurales, Urbanas y Foráneas bajo cuyo control quedaban todos los maestros rurales y urbanos. El control lo ejercerían los Inspectores Instructores.
En 1938, bajo la presidencia de Cárdenas, se reforma el Artículo 3º, en cuanto al enfoque socialista, sobre el papel del Estado en la educación, así como en la intervención de los particulares, pero nada en cuanto a la supervisión de las escuelas.
En 1958 regresa Jaime Torres Bodet como Secretario de Educación Pública y hace alusión a quiénes se encargan de cuidar y vigilar de manera cercana a las escuelas: los Inspectores de Educación, “nuestros informantes directos son los Inspectores que dan cuenta de faltas y ausencias de los maestros”. Con la creación de la SEP, surgen los Inspectores de Educación quienes estaban considerados como los nervios de la educación, en el doble sentido de mover y transmitir pensamientos, emociones, decisiones entre las autoridades y las bases magisteriales. “Su función es la de interpretar las orientaciones encaminadas al mejoramiento del servicio y vigilar su cumplimiento” (Arnaut, 2009).
En 1973 se inicia la primera Desconcentración de la SEP al crearse las Usedes y las SubSedes, los Inspectores de Educación continúan con las mismas funciones. En el gobierno de López Portillo también se hacen trabajos de desconcentración.
En el año de 1992, por fin se hace realidad lo que Moisés Saenz, Gregorio Torres Quintero, Jaime Torres Bodet, entre otros, tanto habían buscado: la descentralización de la educación a los estados y municipios.
Se proclama una Nueva Ley General de Educación, que entre los aspectos destacables cambia de nombre a los Inspectores de Educación por el de Supervisor Escolar.
En el artículo 22 de esta nueva ley se menciona que: “en las actividades de Supervisión, las autoridades educativas darán prioridad, respecto de los aspectos administrativos, a los apoyos técnicos, didácticos y demás para el adecuado desempeño de la función docente”.
A raíz de la descentralización se ha provocado una sobrecarga de tareas producidas por las nuevas exigencias para los supervisores escolares y las propias escuelas. “Hay escuelas que, además de atender la compleja gestión rutinaria (administrativa, académica, laboral, sindical y de atención a alumnos, padres y vecinos), tienen que asumir la gestión de hasta más de 50 o 60 programas o acciones educativas y no educativas promovidas desde las secretarías de educación y otras dependencias oficiales y organizaciones sociales” (Arnaut y Giorguli, 2010) y entre todas estas cargas a las escuelas, es el supervisor escolar el que se encarga también de administrar todas las escuelas que están bajo su vigilancia.
CONCLUSIONES
La federalización y la reforma educativa en varios frentes hicieron visible una serie de rigideces y debilidades en el ámbito de la supervisión escolar y el apoyo académico a las escuelas. Durante décadas, los supervisores habían cumplido una función de intermediación y control principalmente político-administrativo y, de pronto, fueron llamados a acentuar también sus funciones de orientación y apoyo académico a los maestros, a pesar de que la mayoría de ellos no habían sido formados para el desempeño de estas tareas y que, a menudo, no cuentan con la organización y los recursos materiales y humanos para atender a los nuevos requerimientos (Arnaut y Giorguli, 2010).
“En la última década también se ha pedido la participación de los supervisores (…)” “en la difusión de una nueva gestión escolar orientada por una planeación estratégica, que implica el trabajo colegiado de los maestros y padres de familia en la elaboración de un diagnóstico y un proyecto escolar, y su sometimiento a diversas actividades de autoevaluación, evaluaciones externas, informes, transparencia y rendición de cuentas a la sociedad” (Arnaut y Giorguli, 2010).
Haciendo un balance, la Supervisión Escolar es un ente híbrido, se llega a este puesto a través del sindicato; después se tienen que cuidar los intereses del gobierno que es el que paga. La Supervisión Escolar trabaja en ambos lados y entre esos dos frentes se encuentran los maestros subordinados a este puesto.
BIBLIOGRAFÍA
Arnaut, A. (1998). La federalización educativa en México. México: ColSan.
Arnaut, A. (2009). Historia de una profesión: los maestros de educación primaria en México 1887-1994. México: SEP.
Arnaut, A. y Giorguli, S. (Eds.). (2010). Los grandes problemas de México: Educación. México: El Colegio de México.
Avanzini, G. (1987). La pedagogía en el siglo XX. Madrid: Narcea.
Bertely, M. (2000). Conociendo nuestras escuelas. México: Paidós.
García Tort, C. (2004). La educación pública de 1920 a 1952. México: M. Multimedios.
Rockwell, E. (1996). La escuela cotidiana. México: FCE.
Zoraida Vázquez, J. (1995). Ensayos sobre historia de la educación en México. México: ColSan.
Zorrilla Fierro, M. (2003). Políticas Educativas: Educación Básica. México
